Sostienen que el juicio político carece de vicios porque los legisladores no obedecieron sus propios plazos
Los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que fueron destituidos por una mayoría de la Asamblea Nacional acuden a la justicia para anular esa decisión. Se basan en que el Parlamento no cumplió los procedimientos del juicio político ni tuvieron derecho a la defensa.
Hernán Ulloa, presidente del organismo, presentó la mañana de este lunes una acción de protección con medida cautelar que recayó en la jueza Ampatiro Zumárraga de la Unidad Judicial del cantón Rumiñahui, en Pichincha.
La petición de acción de protección pedida por Ulloa también incluye a los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
Ulloa sostiene que el juicio político que realizó la Asamblea era nulo porque no obedecieron sus propios plazos y dentro de aquellos no se les concedió a los consejeros la oportunidad de presentar sus descargos.
Una mayoría confirmada por el correísmo (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) sostiene que los consejeros incumplieron sus funciones al reformar el reglamento para la selección del nuevo Contralor General del Estado, pero ellos sostienen que no pueden ser sometidos a control político por hacer lo que sus cargos les faculta.
Pero más allá del argumento, los consejeros cuestionan el procedimiento. Ulloa resalta que el día en que se presentó ante el pleno de la Asamblea -el pasado 18 de noviembre- pidió a la Secretaría dar lectura al informe con el cuál se está enjuiciando políticamente a cuatro de siete consejeros.
