La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) vuelve a situarse en el foco de la atención pública tras adjudicar un contrato por USD 258 millones para el arrendamiento de 260 megavatios (MW) de energía termoeléctrica a un consorcio en el que participa la empresa mexicana Rengen Energy Solutions, con sede en Ciudad de México. La compañía, creada en 2004, se especializa en soluciones energéticas y ha intervenido en diversos proyectos internacionales relacionados con generación eléctrica y mantenimiento de infraestructura energética.
El contrato establece la instalación de turbinas en el sector de Pascuales, en la provincia del Guayas, con el propósito de cubrir una parte de la demanda eléctrica nacional durante los próximos dos años. Sin embargo, hasta el momento, la empresa no ha presentado las garantías exigidas por la normativa legal, un requisito clave para la formalización de contratos con el Estado y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras del acuerdo.
Esta situación evoca antecedentes recientes de CELEC con la empresa estadounidense Progen, que incurrió en incumplimientos de plazos y fallas en la ejecución de proyectos de alto valor económico, lo que posteriormente derivó en procesos judiciales y arbitrajes internacionales.
En los contratos anteriores suscritos con Progen, que contemplaban la instalación de plantas termoeléctricas de 150 MW en Quevedo y 100 MW en Salitral, se evidenciaron retrasos, incumplimientos contractuales y la ausencia de garantías legales oportunas, lo que ocasionó la imposición de multas y el inicio de disputas legales. Estos antecedentes generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de control, la supervisión contractual y el uso adecuado de los recursos públicos.
La adjudicación del nuevo contrato ha despertado preocupación entre especialistas del sector eléctrico y actores políticos, quienes advierten que la falta de garantías antes del inicio de la ejecución podría comprometer fondos estatales y provocar retrasos en la generación de energía comprometida para el sistema nacional.
Por su parte, CELEC ha señalado que se encuentra trabajando para que el consorcio adjudicatario emita las garantías correspondientes y que el contrato se ajuste plenamente a la normativa vigente. Asimismo, se han incorporado cláusulas adicionales de arbitraje internacional como respaldo para la emisión de las pólizas exigidas.
Este caso se desarrolla en un escenario de debate público sobre la transparencia y eficiencia de CELEC en la administración de contratos vinculados a la emergencia eléctrica, especialmente tras los problemas registrados en proyectos anteriores que afectaron el suministro energético en varias provincias del país. La situación pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y asegurar que los recursos del Estado sean administrados de forma eficiente, transparente y segura.
