Un violento ataque armado registrado la noche del martes 7 de enero de 2026 sacudió a la exclusiva urbanización Mocolí Golf Club, ubicada en la Isla Mocolí, cantón Samborondón, en la provincia del Guayas. El hecho dejó tres hombres fallecidos, entre ellos un presunto cabecilla de la organización criminal Los Lagartos, según información preliminar de las autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes policiales, un grupo de hombres armados irrumpió en el conjunto residencial y se dirigió hasta una cancha deportiva, donde abrió fuego contra varias personas que se encontraban en el lugar. El ataque se habría ejecutado en pocos minutos y con armas de alto calibre.
Una de las víctimas fue identificada como Stalin Rolando Olivero Vargas, conocido con el alias de “El Marino”, señalado por el Gobierno como un objetivo de alto valor y presunto líder de la banda criminal Los Lagartos. Las otras dos personas asesinadas también registraban antecedentes penales por delitos graves, entre ellos tráfico de drogas y robo.
Según versiones preliminares, los atacantes forzaron los accesos de seguridad, neutralizaron a los guardias del conjunto y causaron daños en las garitas antes de perpetrar el crimen. Incluso, se investiga si los agresores utilizaron uniformes similares a los de la fuerza pública para facilitar su ingreso.
El ministro del Interior indicó que una de las principales hipótesis apunta a una disputa entre organizaciones criminales, en medio de un posible reacomodo de liderazgos y alianzas dentro del crimen organizado. No se descarta que el ataque esté relacionado con tensiones entre bandas como Los Lagartos y Los Lobos.
Tras el hecho, unidades especializadas de la Policía Nacional desplegaron operativos en la zona y se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Las autoridades analizan cámaras de seguridad, testimonios y otros indicios que permitan esclarecer cómo se planificó y ejecutó el ataque.
Este suceso ha generado preocupación debido a que ocurrió en una zona residencial de alto nivel, lo que evidencia la capacidad operativa de las estructuras criminales y plantea nuevos desafíos para la seguridad, incluso en sectores considerados de bajo riesgo.
